La situación actual del abastecimiento y depuración de agua en la zona residencial de Campo de Aras es la siguiente:

Aproximadamente unas 500 viviendas, en su inmensa mayoría en situación irregular, se asientas en los tres sectores urbanos de Campo de Aras y Cristo Marroquí. Dichas viviendas cuentan con suministro eléctrico y abastecimiento de agua potable (en su mayoría), red de accesos rodados y en algunos tramos alumbrado público. Dicho núcleo residencial es, en la actualidad, una zona residencial consolidada, inalterable, pero donde no se ha ejecutado los instrumentos urbanísticos que hubieran permitido, como era preceptivo, la urbanización del lugar.

Sin embargo, y a pesar de la normativa urbanística restrictiva de dotación de suministros básicos a edificaciones irregulares, la realidad es que por obra y gracia de Endesa, hay suministro eléctrico; por obra y gracia del Ayuntamiento y Diputación hay alumbrado público, servicio de recogida de residuos y accesos rodados asfaltados; y por obra y gracia e iniciativa de los propietarios, red privada de abastecimiento de agua, en un estado actual de deterioro que se simboliza en el siguiente dato: para servir un litro de agua a una vivienda, deben captarse tres litros.

El problema actual es que la captación de agua que suministra a la red privada, no cuenta con autorización que lo permita, razón por la cual la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir incoó expediente sancionador contra Crisaras por las captaciones irregulares y ordena su precinto. El inicio de dicho expediente fue hace ya más de 8 meses, justo el tiempo que no se ha sabido emplear para buscar una solución al problema. Un problema que los es, tanto de los propietarios como del Ayuntamiento.

Para abordar la solución con determinación de este problema, tenemos que pasar por aceptar todos los siguientes principios:

1º Es un problema de ciudad.

2º La solución debe ser de oficio y a iniciativa e impulso del Ayuntamiento.

3º El coste de la solución del problema debe recaer en los propietarios de las viviendas.

Sobre la mesa actualmente un convenio urbanístico (en borrador), que se articular sobre la idea de una petición «masiva» y «colectiva» de solicitudes de los vecinos, de Declaración de Asimilado o Fuera de Ordenación (DAFO), lo cual, según dicho borrador de convenio, llevaría la red municipal de suministro de agua potable a Campo de Aras y Cristo Marroquí, eso sí, solo a quienes obtengan previamente dicha declaración de asimilado o fuera de ordenación, figura jurídica urbanística que otorga el derecho a tener suministros básicos a pesar de la irregularidad de la edificación.

IU considera esta opción nada apropiada a la realidad social, física y urbanística de Campo de Aras, ya que al ser la solicitud de DAFO, un derecho del propietario y no una obligación, no garantiza que la estrategia diseñada consiga una «masiva» y «colectiva» puesta en común de intereses de vecinos con multitud de situaciones diferentes de uso de sus viviendas. A lo cual habría que añadir un elevado pago de tributos por la tramitación de las DAFO y alejarnos de cualquier expectativa futura de una regulación urbanística legal de Campo de Aras y Cristo Marroquí.

Consideramos que la solución más plausible y viable, jurídica y técnicamente, sería que el Ayuntamiento de oficio iniciara la redacción de un Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial para agrupaciones de edificaciones irregulares, previsto en el art. 70.3.g) de la nueva Ley Urbanística de Andalucía (LISTA). Dicho PEAAT, debe ser redactado por profesionales especializados externos y ejecutarse por el Ayuntamiento, repercutiendo éste los costes a los propietarios.

Si esto fuera así, estamos convencidos que la Confederación aceptaría una medida de suspensión provisional del precinto de la captación y permitiría en un plazo sensato, la ejecución material de dicha infraestructura. Simultáneamente a la elaboración de documentos jurídicos y técnicos para la ejecución de las obras, se estudiaría junto a los propietarios la manera más eficaz y legal para poderles dotar a los propietarios del nuevo suministro de agua, que en opinión de IU debería ser de gestión y titularidad pública municipal.